Gobierno de México gana apelación contra fabricantes de armas en corte estadounidense

En 2021, México demandó a fabricantes y distribuidores de armas estadounidenses por facilitar el tráfico de armas de estilo militar a los cárteles de la droga mexicanos, según un comunicado de prensa de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México. El Gobierno mexicano dijo que la acción legal se basa en que "sus prácticas comerciales negligentes e ilícitas facilitan el tráfico ilegal de armas a México, generando enormes daños humanos y materiales".

La demanda se presentó contra Smith & Wesson Brands, Inc.; Barrett Fabricación de armas de fuego, inc.; Beretta USA Corp.; Glock, Inc.; Sturm, Ruger & Company, inc.; Witmer Public Safety Group, Inc., D/B/A Interstate Arms; siglo Internacional Arms, Inc.; Baretta Holdings Spa; Glock ges.M.B.H.; Colt's Manufacturing Company, Llc, según los documentos judiciales.

Este lunes, un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones de Estados Unidos dictaminó que las empresas fabricantes de armas no están protegidas de responsabilidad después de que México argumentara que las prácticas comerciales de los fabricantes de armas facilitan el tráfico de armas, según el comunicado.

México argumentó en la apelación que “casi todas” las armas recuperadas en la escena del crimen (entre el 70% y el 90%) fueron traficadas desde Estados Unidos, según documentos judiciales. “Durante décadas, el Gobierno y sus ciudadanos han sido víctimas de la cantidad letal de armas letales y de estilo militar que circulan desde Estados Unidos a lo largo de la frontera hacia manos criminales en México”, afirman los documentos judiciales. “En conjunto, los acusados ​​producen más del 68% de las armas estadounidenses traficadas hacia México, lo que equivale a entre 342.000 y 597.000 armas cada año”.

"Hay una cosa esencial y es que la Secretaría de Defensa ha alertado a Estados Unidos sobre armas que están ingresando a México que son para uso exclusivo del ejército estadounidense. Urge una investigación al respecto", dijo la secretaria de Relaciones Exteriores mexicana, Alicia Bárcena.

La demanda, presentada inicialmente en 2021, fue desestimada en un tribunal de primera instancia en 2022 basándose en que la ley federal de Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA) brindaba inmunidad y amplia protección a los fabricantes de armas estadounidenses sobre el uso indebido de sus productos.

El entonces ministro de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, dijo a periodistas cuando se presentó el caso original que el país buscaría una compensación de al menos US$ 10.000 millones.